"En 2002 hubo para mí un golpe de Estado", afirma esta mujer de 59 años con discapacidad intelectual. Fue en aquel momento cuando se solicitó una modificación judicial de su capacidad. "A ninguna madre le gusta incapacitar a su hija pero se hizo para que quedase protegida el día que yo falte, para que no se aprovechen de ella. No tenía nada que ver con el derecho al voto", relata su progenitora, que se llama igual. La sentencia especificó sin embargo que Carmen quedaba "sin derecho a sufragio" y desde entonces han intentado sin éxito revertir esa situación. Porque a esta mujer, que habla con lentitud pero con contundencia, le gusta la política.

 

No se ha perdido ninguno de los debates emitidos en los últimos días y afirma tener muy claro a quién daría su confianza para que gobernara España durante los próximos cuatro años. De hecho, hasta que la incapacitaron, participó en todos los procesos electorales que hubo desde que se instauró la democracia. "Vote la Constitución, voté la OTAN, voté en todas las elecciones", recuerda.

 

En España hay aproximadamente 80.000 mayores de edad privados de poder elegir a sus representantes políticos de dir a las urnas. De cara a estos comicios, el CERMI ha publicado una guía sobre el derecho al voto y la accesibilidad al proceso electoral para este colectivo que resalta este aspecto.

 

Desde la organización Plena Inclusión, que en la misma línea tiene puesta en marcha la campaña #MiVotoCuenta, critican que esa lucha tenga que pasar por un proceso judicial complicado. La excesiva burocracia, el habitual pago de tasas y la inversión de mucho tiempo llevan en numerosas ocasiones a que las familias desistan. Carmen y su madre corroboran esa complejidad. "Este año le dije que no se quedaba sin votar pero estoy delicada de salud y no me he podido ocupar de ello", lamenta la segunda. Esta octogenaria viene precisamente de haber estado en Talavera de la Reina donde vive su otra hija, que es médico.

 

Por esas dificultades y porque es contraria a lo que establece Naciones Unidas, las asociaciones vienen exigiendo desde hace años un cambio en la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG). Esta establece que únicamente no pueden votar aquellos declarados incapaces por resolución judicial firme, siempre que esta determine expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio. "Sin embargo, en España las sentencias de incapacidad se han aplicado durante años de forma que automáticamente privan de dicho derecho al individuo, a pesar de no especificarlo", denuncian desde Plena Inclusión.

 

 

Estas organizaciones argumentan igualmente que la legislación española no se ajusta a la perspectiva de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. No en vano, España ya ha sido apercibida a nivel internacional por este asunto.

 

El mencionado tratado establece la plena igualdad legal de estos ciudadanos en todas las esferas de la vida, sin que quepan restricciones por razón de discapacidad. Además, garantiza su derecho a participar en la vida política y en los procesos electorales sin ningún tipo de exclusiones. El texto agrega que todo el mundo tiene que poder votar.

 

"Esos que nos representan tendrían que ser quienes avalaran más el derecho al voto", exige Carmen. "Cuando estaba Zapatero en el Gobierno, les llamaron la atención para que cambiaran esa forma de incapacidad. Pero Zapatero se lo pasó a Rajoy y Rajoy o no ha tenido tiempo o no se lo pasaron bien… Unos por otros no solucionan nada", se queja. "La vigente legislación española es incompatible con la Convención de la ONU, por lo que tiene que ser modificada con urgencia para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos básicos en plenitud", incide el CERMI. Su delegada para la Convención de la ONU y los Derechos Humanos, Leonor Lidón Heras, aboga por dar cultura y formación a esas personas para que puedan acudir libremente a las urnas: "Se esgrime que son influenciables pero, ¿por qué se hace un juicio sobre la capacidad de unas personas y no de todas? Si a muchos de los que pueden votar se les preguntara por programas políticos o por quiénes son los segundos de la lista que se vota, se vería que lo desconocen, pero nadie juzga su capacidad ni la validez de su voto. Por otra parte no se debe limitar un derecho por el miedo. Si se tiene miedo a que se les puede influir evitémoslo con capacitación, no con vulneración de derechos".

 

La reforma tendrá que esperar En 2013 la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados solicitó al Ejecutivo un informe, a realizar en el plazo de seis meses, con propuestas para adaptar la LOREG a la Convención de la ONU. Más de dos años después, esa reforma no se ha llevado a cabo. Finalizada la legislatura, habrá que esperar a la próxima para volver a plantear esta cuestión. Mientras, el domingo Carmen acompañará a su madre al colegio electoral e intentará hacerse una foto simulando que introduce la papeleta en la urna. Le gustaría que esa fuese la última simulación: "Espero poder votar en las próximas elecciones. Espero que podamos votar todas las personas que ahora no podemos".